Según afirma Avibo en un comunicado, su próximo movimiento será solicitar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife los permisos pertinentes para poder comercializar vinos canarios en los mercados municipales, ya que, según aseguran, la normativa no contiene ninguna limitación a la venta de caldos de las Islas en ninguno de los puestos. La iniciativa de elevar la cuestión al Ayuntamiento fue adoptada por la Junta Directiva de la Asociación el pasado 10 de septiembre.

Además, Avibo asegura que se encuentra en plena fase de análisis de las Bases de Adjudicación del Concurso del Mercado Nuestra Señora de África y del Reglamento de Mercados de Santa Cruz. Otra norma clave es la Directriz de Liberalización de Servicios -la conocida Directiva Bolkestein-, adoptada en enero de 2010, así como su desarrollo legislativo, del que se desprende, aseguran, que «no parece congruente la prohibición aplicada a los vinos canarios en el Mercado de Santa Cruz».

A juicio de Avibo, «todo ello resulta más contradictorio cuando, tratándose de un mercado de ámbito local, que entendemos debiera primar los productos locales, permite sin limitaciones el comercio de los vinos foráneos, mientras se penalizan los locales, en este caso los vinos canarios».

Avibo asegura también compartir el desarrollo del mercado con fórmulas novedosas, como la que se ha planteado en la planta de pescadería y «puede desarrollarse en cualquier otra, permitiendo la visita turística y degustación de productos del mar con nuestros vinos, fórmula que ha demostrado su éxito en la geografía nacional, caso de los Mercados de San Miguel y San Antón en Madrid, o bien los ejemplos conocidos a nivel internacional».

La postura de la Cooperativa del Mercado

La postura de Avibo choca con la que defiende la Cooperativa del Mercado, que opta por la especialización de sus puestos y por un juego de licencias que permita que cada tipo de producto se venda en puestos concretos. La clave, asegura Antonio Gil Sanmiguel, gerente de la Cooperativa, reside en «buscar el orden». Así, según las condiciones que se pacten en el momento de conceder la licencia, cada puesto asume que podrá servir ciertos tipos de productos, de manera que, en el caso concreto del vino canario, existen puestos que no pueden venderlo.

Es el caso de La Sirena, espacio con el que comenzó la polémica, por servir caldos canarios «sin que su licencia se lo permitiera». Gil Sanmiguel asegura que la licencia del puesto en que se encuentra La Sirena no es de degustación –como sí ocurre en el caso de Nicomedes, La Ría y El Japonés, donde sí se puede servir vino, incluyendo el canario-, y que su actividad, según lo acordado, debería limitarse a ofrecer un único producto: ceviche.

Tal y como explica el gerente de la Cooperativa, La Sirena abrió sus puertas en La Pescadería como fruto de un acuerdo comercial entre el pescadero que disfruta de la licencia y el responsable del local que regenta el chef Armando Saldanha. A través de este acuerdo, Saldanha cuenta con un pequeño espacio del local en el que, en teoría, sólo puede ofrecer degustación de ceviche, pero «se quiso sumar al carro de despachar bebidas», denuncia Gil Sanmiguel. Ello provocó la queja de otros locales y la escalada mediática de la problemática de los vinos.

En futuro de La Recova

En cuanto al por qué de «cerrar el grifo» a las licencias que permitan vender ciertos productos en los puestos, el gerente de La Recova asegura que la tendencia debe ser la especialización y que, aunque les interesa seguir autorizando locales de degustación –incluso en otras zonas del mercado-, ello se hará respetando la especialidad de cada cual, optando por ofrecer un producto determinado y no un batiburrillo de ellos. En otras palabras, «no queremos bares en La Recova»: se trata de mantener su esencia de mercado de forma que cada vendedor pueda beneficiarse de ser especialista en cierta clase de productos, vendiéndolos al consumidor y ofreciendo a la vez degustaciones.

Sobre la posibilidad de imponer sanciones ante extralimitaciones, Gil Sanmiguel asegura que hasta ahora no se ha hecho, pero «habrá que poner orden». «Tenemos un reglamento y estamos pendientes de ver cómo se ejecuta, y si un afectado denunciara –cosa que ya ha ocurrido-, se podría sancionar».